La crisis en Guerrero debe medirse en función del compromiso del PRD como partido autodenominado de izquierda y heredero del Partido Comunista Mexicano y no en relación a una consulta popular para sostener al gobernador en su cargo a pesar de la corresponsabilidad en la matanza de estudiantes.
El termómetro para calcular la represión a estudiantes normalistas no debiera ser el voto de los guerrerenses, sino el 2 de octubre de 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió a estudiantes en Tlatelolco. La decisión fue la misma: un gobierno autoritario incapaz de abrir canales de negociación política con estudiantes.
Detrás de la crisis estudiantil en Guerrero se localiza una larga historia política: ante el endurecimiento del poder caciquil en la entidad, estudiantes normalistas y maestros desarrollaron desde los años cincuenta una lucha social de resistencia activa que derivó en guerrilla: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas pasaron a la vía armada cuando no encontraron espacios democráticos en su defensa popular. La opción guerrillera contó con el apoyo del Partido Comunista Mexicano, venero del PRD.
En medio de represiones recurrentes, empobrecimiento sin límite y enriquecimiento ostentoso el PRD emergió como la opción social y democrática para Guerrero. Solo que el PRD de Los Chuchos careció de cuadros dirigentes y le entregó la gubernatura a un empresario panista (Zeferino Torreblanca, 2005-2011) y a un priista aliado al cacicazgo del temible Rubén Figueroa (Ángel Aguirre, 2011-2015).
A lo largo de nueve años de gobiernos perredistas en Guerrero, el saldo real no mostró un cambio social, ético ni democrático que lo diferenciara de los Rubén Figueroa. El PRD escogió a Aguirre como su candidato en 2011 a pesar de lo sabido: cuando tuvo que renunciar en 1996 por su responsabilidad en la matanza de campesinos en Aguas Blancas, Figueroa hijo exigió a un sucesor interino que le cuidara las espaldas y la decisión recayó en Ángel Aguirre, entonces presidente estatal del PRI. La impunidad de Aguas Blancas tuvo como corresponsable político y moral a Aguirre como priista y como perredista. Durante el interinato de Aguirre asesinaron en Guerrero a 60 militantes perredistas.
Nuevo grito
El PRD que heredó los compromisos de la izquierda revolucionaria y del PCM en Guerrero fue el PRD que gobernó como priista en las administraciones de Torreblanca y Aguirre. La represión en Iguala —estudiantes balaceados y desaparecidos por gobiernos perredistas— fue realizada en nombre de la fuerza política del PRD que como PCM defendió las rebeldías de Genaro y Lucio.
La exigencia de cuentas de la masacre de Iguala debe ser a la dirigencia del PRD que avaló a Aguirre y al alcalde José Luis Abarca. Y ante la responsabilidad moral del PRD de no encubrir la impunidad de la larga represión social de perredistas en el periodo 2005-2014, el nuevo líder del partido, Carlos Navarrete Ruiz, solo pudo ofrecer una consulta para saber si Aguirre se quedaba o se tenía que ir.
La crisis de Iguala fue una represión gubernamental contra estudiantes normalistas radicales. Ahí se localizan los parecidos con Tlatelolco. Y ante los hechos represivos el país vio con pasmo a un PRD repitiendo los argumentos del PRI en 1968 para defender a Díaz Ordaz.
A partir de ahora un nuevo grito se incorporó al calendario de la represión: ¡¡¡27 de septiembre y 2 de octubre no se olvidan!!!