Un fiscal autónomo

Desde que tengo memoria los políticos de nuestro país han afirmado que la Procuraduría General de la República debe ser una institución autónoma. En principio nadie puede objetar. 

Sergio Sarmiento
Columnas
El nuevo juego de las sillas calientes
Foto: NTX

Desde que tengo memoria los políticos de nuestro país han afirmado que la Procuraduría General de la República debe ser una institución autónoma. En principio nadie puede objetar. Ni el presidente de la República ni ningún otro político debe influir sobre el procurador o sobre los agentes de los ministerios públicos.

Cuando se empezó la actual reforma del sistema de justicia y de la PGR, por lo tanto, se pensó en la manera de darle independencia a la nueva institución. Pero ya sabemos que en nuestro país las intenciones no necesariamente se traducen en resultados positivos.

La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto introdujo al Congreso una iniciativa de ley reglamentaria para completar la transformación de la PGR que se inició con la enmienda de los artículos 21 y 102 de la Constitución y que debe llevar a la creación de una nueva Fiscalía General de la República. El simple cambio de nombre no transformará a la institución ni le dará autonomía, pero esto se busca a través de un cambio en la manera en que se designa a quien ahora sería fiscal general de la República.

Hace ya mucho tiempo que el presidente no ha podido nombrar al procurador que se le antoje. En la actualidad propone su candidato al Senado, pero este lo ratifica. El nuevo fiscal pasaría por un sistema mucho más complejo. El Senado tendría que elegir primero una lista de diez candidatos, el presidente escogería una terna de la lista y la enviaría al Senado, que haría la designación final entre esos tres.

La idea detrás de este complejo sistema es lograr que el nuevo fiscal no le deba el cargo a ningún político y por lo tanto pueda mantener su independencia. Pero yo me pregunto si al pasar el nombramiento por el Senado se logra realmente esa autonomía. La experiencia nos dice que los nombramientos que surgen del Congreso son mucho más politizados que los que vienen de un presidente. Hay que ver el caso del Instituto Nacional Electoral y de su predecesor, el IFE. Cuando los legisladores intervienen en los nombramientos acaban recurriendo a cuotas partidistas.

Garantías

Si realmente se quisiera un fiscal independiente habría que hacer pasar el nombramiento por los colegios de abogados o por la Judicatura Federal, que es el órgano rector del Poder Judicial.

El juego que se pretende montar entre el Ejecutivo y el Legislativo vuelve más compleja la politización del nombramiento del fiscal pero no la elimina.

Si un fiscal designado por el presidente puede ser dependiente de este lo mismo ocurrirá con un fiscal nombrado por el Senado. La historia nos demuestra que la medida que más ayuda a preservar la independencia de un procurador es la inamovilidad en el cargo. El fiscal debe quedar a salvo de las furias de los políticos aun cuando lleve a cabo investigaciones incómodas. El nuevo juego de las sillas calientes, en que diez candidatos se reducen a una terna para que después los senadores se pongan de acuerdo en hacer un nombramiento, no garantiza la autonomía del nuevo fiscal.